Fecha de publicación: 20/03/2025
La corrupción es un problema estructural que afecta de manera significativa al desarrollo económico y social de los países, erosionando la confianza en las instituciones, distorsionando la competencia en los mercados y debilitando el Estado de derecho. En respuesta a esta problemática, el Perú ha fortalecido su marco normativo mediante la adopción de diversas regulaciones orientadas a prevenir, detectar y sancionar el soborno en los ámbitos público y privado.
Entre estas iniciativas destaca la Norma ISO 37001:2017, que establece los requisitos y directrices para el diseño, implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión antisoborno efectivo. La adopción de este tipo de programas no solo permite a las organizaciones cumplir con sus obligaciones legales, sino que también contribuye a la construcción de una cultura empresarial basada en la ética y la transparencia.
En este contexto, el presente documento ofrece un análisis detallado sobre los pasos fundamentales para la implementación de un programa de cumplimiento antisoborno en el Perú, considerando aspectos normativos, operativos y culturales esenciales para su éxito y sostenibilidad en el tiempo.
La corrupción y el soborno constituyen riesgos críticos para las organizaciones, ya que no solo afectan su reputación y estabilidad financiera, sino que también pueden generar sanciones legales y una pérdida significativa de confianza por parte de sus grupos de interés. Estas prácticas ilícitas debilitan la competitividad empresarial, distorsionan los mercados y exponen a las organizaciones a consecuencias legales que pueden comprometer su sostenibilidad a largo plazo.
En el Perú, se han implementado diversas normativas para reforzar la lucha contra la corrupción y promover la transparencia en el sector corporativo. Entre ellas, destaca la Ley N.° 30424 y sus modificaciones, la cual establece la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en casos de soborno y otros delitos vinculados. Este marco normativo exige a las empresas la adopción de modelos de prevención que incluyan medidas concretas para detectar y mitigar riesgos de corrupción.
En este contexto, la implementación de un programa de cumplimiento antisoborno no solo permite a las organizaciones cumplir con las exigencias regulatorias, sino que también les ayuda a reducir su exposición a riesgos legales, reputacionales y operativos. Además, fortalece la cultura organizacional al promover principios de ética e integridad en todas sus actividades, consolidando relaciones de confianza con clientes, proveedores, inversionistas y entidades reguladoras.
El Perú cuenta con un marco normativo sólido en la lucha contra la corrupción y el soborno, alineado con estándares internacionales y orientado a prevenir, detectar y sancionar estas prácticas ilícitas tanto en el sector público como en el privado. Entre las principales regulaciones aplicables destacan:
Este conjunto normativo constituye la base legal para el desarrollo de estrategias de cumplimiento en las organizaciones, promoviendo la adopción de programas antisoborno que reduzcan la exposición a riesgos legales y reputacionales, contribuyendo a la integridad empresarial y la confianza en el mercado.
Para asegurar la efectividad del programa, la alta dirección debe asumir un liderazgo activo y comprometido en la implementación del sistema de gestión antisoborno. Esto implica no solo establecer directrices y asignar los recursos necesarios, sino también fomentar una cultura organizacional basada en la ética, la transparencia y el cumplimiento normativo. Su rol es fundamental para transmitir el compromiso institucional, generar confianza entre los colaboradores y garantizar que las políticas y procedimientos sean aplicados de manera efectiva en todos los niveles de la organización.
Es fundamental que la gerencia respalde y participe activamente en el desarrollo e implementación del sistema de gestión antisoborno, estableciendo una cultura organizacional basada en la ética y la integridad (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria [SUNAT], 2023).
La organización debe desarrollar, formalizar y documentar una política antisoborno que esté alineada con su estrategia empresarial, principios éticos y marco normativo vigente. Esta política debe establecer un compromiso claro y explícito contra cualquier forma de soborno, definiendo responsabilidades, lineamientos de actuación y medidas de control.
Por ejemplo, el Ministerio de la Producción del Perú aprobó su política antisoborno para fortalecer los mecanismos de denuncia contra actos de soborno y promover la confianza en la gestión pública (Ministerio de la Producción [PRODUCE], 2024).
La identificación y evaluación de los riesgos de soborno son elementos clave para la implementación de un sistema de gestión antisoborno efectivo. Este proceso debe ser sistemático y considerar factores críticos como la naturaleza de las actividades de la organización, el sector en el que opera, el nivel de exposición a interacciones con entidades públicas, la complejidad de sus relaciones comerciales y la jurisdicción geográfica en la que desarrolla sus operaciones. Una evaluación exhaustiva permitirá adoptar medidas de control proporcionales a los riesgos identificados, reduciendo vulnerabilidades y fortaleciendo la cultura de integridad dentro de la organización.
Una vez identificados y evaluados los riesgos de soborno, la organización debe implementar controles internos eficaces para mitigar su impacto y prevenir posibles incidencias. Estos controles deben estar alineados con la naturaleza y el nivel de exposición de la organización, asegurando su aplicabilidad y cumplimiento en todas las operaciones. Entre las medidas clave a considerar se incluyen:
Es fundamental desarrollar e implementar programas de capacitación continua dirigidos a todos los niveles de la organización, así como a partes interesadas clave, con el objetivo de garantizar una comprensión clara y efectiva de las políticas y procedimientos antisoborno. Estas capacitaciones deben estar diseñadas para:
Un programa de capacitación sólido y recurrente no solo refuerza la cultura de cumplimiento, sino que también fortalece el compromiso del personal en la lucha contra la corrupción.
El sistema de cumplimiento antisoborno debe ser objeto de un monitoreo y auditoría periódicos para garantizar su eficacia, detectar posibles deficiencias y fortalecer los mecanismos de control. Este proceso debe incluir la evaluación de la implementación de las políticas y procedimientos, la revisión de incidentes reportados, así como la identificación de áreas de mejora.
Las auditorías, tanto internas como externas, deben llevarse a cabo de manera objetiva e independiente, asegurando el cumplimiento de los requisitos normativos. Asimismo, los resultados de estas evaluaciones deben traducirse en planes de acción correctivos y preventivos que permitan optimizar continuamente el sistema, reforzando la cultura de integridad dentro de la organización.
La implementación de un programa de cumplimiento antisoborno aporta múltiples beneficios a las organizaciones, entre los que destacan:
Conclusiones
La implementación de un programa de cumplimiento antisoborno en el Perú constituye una estrategia esencial para prevenir actos de corrupción, proteger la integridad corporativa y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. En un contexto global donde la transparencia y la ética empresarial son cada vez más valoradas, contar con un sistema de gestión antisoborno no solo permite a las organizaciones mitigar riesgos legales y reputacionales, sino que también fortalece su sostenibilidad y competitividad en el mercado.
Este tipo de programas contribuye a establecer lineamientos claros para la prevención, detección y respuesta ante posibles actos de soborno, promoviendo una cultura organizacional basada en la integridad y el cumplimiento normativo. Para ello, es fundamental que las empresas adopten buenas prácticas internacionales, como las establecidas en la Norma Peruana ISO 37001:2017, e implementen controles internos sólidos que permitan minimizar los riesgos asociados a la corrupción.
Una implementación adecuada no solo refuerza la confianza de clientes, inversionistas y entidades regulatorias, sino que también posiciona a la organización como un referente de integridad en el sector. De esta manera, las empresas no solo cumplen con sus obligaciones legales, sino que también contribuyen activamente a la construcción de un entorno empresarial más transparente, equitativo y libre de corrupción.
Bibliografía
Congreso de la República del Perú. (2016). Ley N.° 30424 y sus modificatorias. Congreso de la República del Perú.
Instituto Nacional de Calidad (INACAL). (2017). Norma Peruana ISO 37001:2017. Sistemas de gestión antisoborno. INACAL.
Ministerio de la Producción. (2024). PRODUCE aprueba política antisoborno en el sector. Ministerio de la Producción.
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). (2023). Sistema de Gestión Antisoborno. SUNAT.
